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          DICTADURA MILITAR ARGENTINA

PARA NUNCA OLVIDAR

LUCIANA MERCURIO
luciana@soutiendenoticias.zzn.com

Entre 1976 y 1983 se llevó a cabo en nuestro país el "Proceso de Reorganización Nacional" . Los militares se adueñaron del poder después de desplazar al gobierno de Isabel Perón . Aplicaron un plan que destruyó la economía nacional y torturó a todos aquellos que eran considerados "subversivos".

El caos económico de 1975 (5000 millones de dólares de deuda, devaluación del 150 por ciento, aumento de tarifas del 200 por ciento, inflación, recesión, desocupación), la incapacidad política de Isabelita, la acción de las organizaciones guerrilleras como los Montoneros y el E.R.P (ejército revolucionario argentino) que fracasaron en Formosa y el Gran Buenos Aires, el terror sembrado por la Triple A (la alianza anticomunista) que secuestraba y asesinaba supuestos opositores izquierdistas, y los muertos por causas políticas, todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden.

Apoyados por varios sectores de la población, el 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, dispuso a Isabel Perón y se hizo cargo del poder. Los militares plantearon un Proceso de Reorganización Nacional sin plazos y designaron como presidente del país a Videla. Además disolvieron el Congreso y los partidos políticos, destituyeron a la Corte Suprema de Justicia e intervinieron a la CGT y a la Confederación General Económica (CGE).

Valiéndose del decreto firmado por Isabelita en octubre del 75, en donde se encarga a las Fuerzas Armadas el cuidado del orden interno y la lucha contra la subversión, el nuevo régimen inició una dura represión que incluía persecución política e ideológica a personas escogidas bajo el criterio amplísimo de desempeñarse como opositores al gobierno militar. El Estado se desdobló: una parte, clandestina y terrorista, practicó una represión sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra, pública, apoyada en un orden jurídico que ella misma estableció, silenciaba cualquier otra voz. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales y profesionales fueron secuestrados y asesinados. El terror cubrió la sociedad toda. Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno quedó solo e indefenso ante un gobierno aterrorizador, y en una sociedad inmovilizada y sin acción se impuso la cultura del miedo. Algunos no aceptaron esto y emigraron al exterior, por razones política y profesionales, o se refugiaron en un exilio interior, en ámbitos casi domésticos, practicando el mimetismo a la espera de la brecha que permitiera volver a emerger.


La mayoría aceptó el discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar de la represión con el argumento del " por algo será", o se refugió en la deliberada ignorancia de lo que sucedía a la vista de todos. Lo más notable fue una suerte de asunción e internalización estatal, traducida en el propio control, en la autocensura, en la vigilancia del vecino. La sociedad se patrulló a sí misma.

El gobierno militar nunca logró despertar ni entusiasmo ni adhesión explícita en el pueblo, pese a que lo intentó, a mediados del 78, cuando se celebró el Mundial de Fútbol y las máximas jerarquías asistieron a los estadios donde la Argentina obtuvo el título. Sólo consiguió pasividad pero le alcanzó para encarar las transformaciones profundas que habrían de eliminar los conflictos de la sociedad. Fue José Martínez de Hoz quien, como ministro de economía durante los cinco años de la presidencia de Videla, condujo ese cambio y diseño un plan a largo plazo.

A partir del 77 se liberó la tasa de interés, se autorizó la proliferación de bancos e instituciones financieras de modo que, en un clima altamente especulativo, se mantuvo alta la inflación. La apertura económica y la sobrevaluación del peso destruyó a la industria local, ya que debió enfrentar la competencia avasallante de productos importados de precio ínfimo.

Desde 1980 los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Viola intentó modificar como presidente el rumbo de la política económica, pero fracasó. Galtieri lo reemplazó y se manifestó dispuesto a alinear al país con EE.UU. La recesión se agudizó y las protestas callejeras eran cada vez más. Bajo ese contexto lanzó un plan de ocupar las Islas Malvinas, que aparecía como la solución para los muchos problemas del gobierno. La Argentina reclamaba a Inglaterra esas islas desde 1833, cuando fueron ocupadas por los británicos. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas. Contrariamente a lo que se esperaba, Gran Bretaña movilizó una flota y se inició la guerra. Después de 74 días de lucha, las informaciones que la proclamaban triunfante se dieron vuelta: la rendición argentina se hizo publica. El resultado fue 700 muertos y casi 1300 heridos. El fracaso de Malvinas marcó la derrota del Proceso. Galtieri debió renunciar y Bignone asumió como último presidente del Proceso. La salida hacia la democracia ya tenía una fecha: octubre de 1983. En las elecciones ganó Alfonsin y se terminó con la hegemonía electoral peronista.
Una deuda de 45 mil millones de dólares, 30.000 desaparecidos, inflación del 700 por ciento, 2.500.000 de personas exiliadas y la destrucción de la industria nacional, fueron las consecuencias del manejo inadecuado del poder por parte de los militares argentinos que gobernaron nuestro país entre 1976 y 1983.

El camino de los desaparecidos

La operación integral de represión era llevada a cabo por los Grupos de Tareas, integrados principalmente por oficiales jóvenes, con algunos suboficiales, policías y civiles. La ejecución requirió de un complejo aparato administrativo, pues debía darse cuenta del movimiento (entradas, salidas y traslados) de un conjunto muy numeroso de personas. Cada detenido, desde el momento en que era considerado sospechoso, era consignado en una ficha y un expediente, se hacía un seguimiento, una evaluación de su situación y se tomaba una decisión final que correspondía siempre al más alto nivel militar. La represión era una acción sistemática realizada desde el Estado.

Se trató de una acción terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros, cada grupo de operaciones operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas en lugares de trabajo o en la calle. La operación se realizaba con autos sin patentes pero bien conocidos ("Falcon verdes") mucho despliegue de hombres y de armamento pesado. Al secuestro seguía el saqueo de la vivienda.

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y prolongada. La "picana", el "submarino" (mantener sumergida la cabeza en un recipiente con agua) y las violaciones sexuales eran las formas más comunes. Todo ello servía para arrancar información y lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones. Muchos morían en la tortura, los que sobrevivían iniciaban una detención en algunos de los 340 centros clandestinos de detención (los chupaderos). En esta etapa final de su calvario, de duración imprecisa, se completaba la degradación de las víctimas. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz para luego ser despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se apropiaban los secuestradores. El destino final de las víctimas era el "traslado", es decir, su ejecución. En la mayoría de los casos los cuerpos se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, se quemaban en fosas colectivas que eran cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas, o eran arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo, no hubo muertos sino "desaparecidos".

 

 

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